Modelo de situación de la Arquidiócesis - Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, República Dominicana

Presentan algunos problemas: dependencia económica que las hace vivir atadas a proyectos que cuando terminan las llevan a desaparecer; algunas no llevan un control fiscal de operaciones; algunas funcionan para intereses personales de sus fundadores; algunas buscan controlar y hacer depender de ellas a las comunidades que sirven; no existe una integración y coordinación entre ellas, con el Estado y con otras instituciones públicas y privadas.

En La Arquidiócesis funcionan la Gobernación de Santiago y la de Espaillat, queconstituyenla representación del Gobierno Central de la República Dominicana en todo el territorio provincial. Dentro de sus funciones está la vigilancia de la seguridad ciudadana de la población y otras no muy específicas.

También existen el Consejo de Desarrollo Provincial de Santiago y el de Espaillat, que es apéndice de la Gobernación Provincial que trata de aunar esfuerzos entre los diferentes sectores del Gobierno. Está presidido por el Gobernador Provincial y reúne a los síndicos, los representantes de los gobiernos locales y de la sociedad civil.

A nivel de Salud están la Dirección Provincial de Salud en ambas Provincias, que actúan como una instancia descentralizada de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS). Dentro de sus funciones específicas actúa como máxima autoridad del sector salud en todo el territorio provincial. Organiza las redes de servicios, controla las normas y procedimientos de la SESPAS y la representa en los Consejos Provinciales de Desarrollo.

A nivel de los municipios y distritos municipales la administración pública la desarrolla el Ayuntamiento cuya finalidad es organizar, ordenar, reglamentar y resolver cuanto fuere necesario para las necesidades municipales. Su estructura tiene una Sala Capitular, compuesta por 10 regidores, que constituyen la parte legislativa del organismo y por la Sindicatura, presidida por el Síndico Municipal, que es la parte operativa y administrativa del cabildo.

Por otro lado, la ciudad de Santiago funciona como la capital de la Región Norte, por lo que en ella funcionan las principales oficinas gubernamentales para la Región Norcentral. Entre ellas tenemos:

Actualmente traspasó la comercialización y distribución de energía a la empresa privada Electricidad del Norte.

A nivel de las Fuerzas Armadas está la Comandancia Regional del Ejército Nacional, y la Policía Nacional.

Si se mira la administración se puede decir que se han dado pasos en la reforma y modernización del Estado tales como el nuevo sistema tributario, nuevos códigos de salud, de educación, monetario y una serie de reformas económicas.

Pero todavía el manejo público del Estado presenta debilidades significativas. El esquema institucional de la administración financiera data del 1969, un período caracterizado por un gobierno centralizado, donde el presupuesto se maneja directamente desde la Presidencia junto a la mayoría de las decisiones de contratación de servicios personales.

Todavía la centralización y concentración de poderes que posee el Presidente de la República, de acuerdo al artículo 55 de la Constitución de la República, lo autoriza a disponer de los excedentes presupuestarios, abrir cuentas extrapresupuestarias y manejar el presupuesto a su voluntad. Muchas veces, no llega el presupuesto asignado a las diferentes dependencias lo que hace que las mismas no puedan ejecutar sus respectivos programas.

También, la Presidencia ha centralizado gran parte de las funciones y tareas propias de las provincias y de los municipios con sus consiguientes recursos, lo que impide un desarrollo provincial y municipal eficiente.

No existen tampoco mecanismos de articulación entre Gobierno Central, las provincias y los municipios sino que la comunicación entre instancias depende de la voluntad del Presidente, de las amistades que se tenga en el Palacio Nacional y en las Secretarías de Estado y de las simpatías partidistas.

Uno de los rasgos del aparato estatal dominicano es de ser Estado benefactor, que conlleva la hipertrofia de sus agencias administrativas y el correlativo gigantismo de su empleomanía.

La propia alternabilidad democrática bajo el contexto de un modelo de clientela partidista, ha sido un factor que ha contribuido a incrementar la nómina de empleados públicos.

Tras la caída de la dictadura de Trujillo, los gobiernos han estado agregando nuevas secretarías y oficinas a las existentes hasta entonces, para atender las nuevas funciones asumidas por el Estado.

Así tenemos que existen superposiciones, duplicidades y descoordinación de funciones entre los diferentes organismos administrativos estatales. También, existen dependencias administrativas que son inoperantes.

Se nota que debido a los compromisos políticos con los electores los Gobiernos no ponen en ejecución la Ley de servicio civil y carrera administrativa.

La Administración pública a pesar de que se han hecho esfuerzos grandes de equipamiento y automatización de las dependencias gubernamentales todavía se experimenta una complicación burocrática de los trámites y procedimientos de la Administración pública así como trabas de la liquidación de impuestos.

La corrupción administrativa se ha convertido en tradición generalizada en los puestos públicos, con sus honrosas excepciones, unida a la permisividad de que ha gozado en el plano judicial. Las instancias contraloras del Estado son débiles y dependientes del Poder Ejecutivo. Es el caso de la Contraloría General de la República que, aunque se han dado pasos de avance, carece de autonomía operacional y de mayor profesionalización así como de una elección diáfana y de personas de calidad moral probada y de independencia política.

Como ya se dijo al hablar de la geografía, la Región es rica en recursos naturales, tanto a nivel de montañas, ríos, vegetación y ambiente.

Todavía, se conserva en mucho la ecología y el ambiente. En el Censo Nacional el 41.1% de los hogares no registraban contaminación.

Sin embargo, cada vez más se nota el crecimiento de la contaminación ambiental. Según el Censo Nacional 2002, se da por ruidos de vehículos o motores (24.4%), de fábrica o taller (3.6%); las cañadas y ríos con basura (14.6%); la acumulación de basura (14.1%); las aguas estancadas (11.6%); pocilga o granja (10.2%); humo o gases de fábrica (4.3%); música alta en bares. Colmados y vecinos (9.5%), envasadora de gas (1.2%); bomba de gasolina (0.7%). Un ejemplo claro en este momento, es la situación del vertedero de Rafey y sus consecuencias para la ciudad de Santiago

El sistema de justicia constituye un engranaje de instituciones, dentro de las cuales el Poder Judicial desempeña un papel primordial, encargada de administrar justicia, a través de sus órganos especiales y jerárquicos llamados tribunales. Su función es asegurar el amparo, protección o tutela de los derechos que se hallan establecidos en las normas o leyes. El conjunto de todos estos tribunales constituye el Poder Judicial.

El Poder Judicial es independiente de los demás Poderes del Estado. Goza de autonomía administrativa y presupuestaria, pero el monto de su presupuesto es asignado anualmente por el Poder Legislativo mediante la Ley de Gastos Públicos.

En nuestro territorio Arquidiocesano existe el Departamento Judicial de Santiago que abarca las provincias de Santiago, Valverde y Puerto Plata. Espaillat pertenece al Departamento Judicial de La Vega.

Dependencia
CAMARA PENAL CORTE APELACION STGO. 1 4 jueces
CAMARA CIVIL/ C.CORTE APELACION STGO. 1 4
Corte de Apelación Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes 1 3
TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS, ZONA NORTE 1 5
Corte de Trabajo 1 5
Juzgado de Primera Instancia Cámara Civil 1 4
Cámara Penal de Primera Instancia 4 salas 5
Juzgado de Instrucción 3 salas 5
Tribunal de Niños y Adolescentes 1ª. Instancia 1 1
Tribunal de Tierras Jurisdicción original 2 2
Juzgado de Paz (1,2,3 circ) Santiago 3 3
Juzgado de Paz Asuntos municipales 1 1
Juzgado de Tránsito G 1-3 3 3
JDO. DE PAZ VILLA BISONO 1 1
JDO. DE PAZ TAMBORIL 1 1
JDO. DE PAZ SAN JOSE DE LAS MATAS 1 1
JDO. DE PAZ VILLA GONZALEZ 1 1
JDO. DE PAZ SABANA IGLESIA 1 1
Total 28 53 jueces

En Espaillat, existe 1 Juzgado de Primera Instancia Cámara Civil, 1 Juzgado de Cámara Penal de Primera Instancia, 1 Juzgado de Instrucción; 1 Tribunal de Tierras: 1 juzgado de Paz, 1 juzgado de Paz para cada Municipio, 1 Juzgado de Paz para asuntos municipales

Para un ejercicio adecuado de la vivencia y ejecución tres aspectos fundamentales:
-independencia económica y política, justicia rápida y eficaz, y fácil acceso y gratuidad de la Justicia.

En cuanto a la independencia de la justiciase puede percibir un avance sustancial a lo externo, ya que desde 1997 los jueces de la Suprema Corte de la Justicia son elegidos por el Consejo de la Magistratura, que permite una escogencia más democrática y transparente.

La selección de los demás jueces la hace la Suprema Corte de Justicia con un procedimiento lo más transparente posible y tratando de evitar al máximo las interferencias de los otros dos poderes del Estado. En varias ocasiones, ha emitido decisiones en contra de la posición adoptada por el Poder Ejecutivo.

Aunque ha mejorado la entrega del presupuesto mensual de parte del Poder Ejecutivo sin embargo, el Poder Judicial carece aún de independencia económica, lo que no le permite con sólo 1.5% del Presupuesto Nacional lograr un mayor avance en sus planes a largo y corto plazo.

El sueldo de los jueces ha tenido una gran mejoría desde el 1996 con un aumento desde un 275% hasta un 422% y cuentan con una serie de beneficios adicionales tales como seguro médico, plan de pensiones y jubilaciones, bono de vacaciones y uso de vehículos. El objetivo es atraer personal idóneo y evitar la corrupción económica.

Otro elemento que impide la independencia de la justicia dominicana es de corte cultural. Las relaciones familiares, de amistad y de compadrazgo son muy fuertes entre nosotros de tal manera que pueden impedir la imparcialidad de los jueces a la hora de enjuiciar a los acusados.

Los jueces, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no son inamovibles, ya que ninguno de los actuales cumple los requisitos de la Ley de Carrera Judicial no. 327-98 tal como ser egresado de la Escuela Nacional de Judicatura. En este momento, los jueces se sienten inseguros en sus puestos lo que puede repercutir en su poder de decisión.

El Ministerio Público no cuenta con autonomía presupuestaria, ni funcional, ya que son nombrados por el Poder Ejecutivo a quien está sometido, están mal remunerados y carece de capacitación actualizada. Eso les impide cumplir adecuadamente en su papel de representar y defender los intereses generales de la sociedad, y no actuar con toda libertad frente al crimen político, la corrupción administrativa, la delincuencia de cuello blanco y ser fácil presa del tráfico de influencias y de la prebenda.

Se han dado reformas importantes a la institución en la Fiscalía del Distrito Nacional, pero están más relacionadas a los fiscales como personas, pero estas reformas no se han institucionalizado ya que no existe un Estatuto del Ministerio Público.

Un sistema de administración de justicia ofrece seguridad jurídica cuando el ciudadano sabe a qué atenerse, existe una correspondencia entre las leyes y las necesidades actuales de justicia de la sociedad, los ciudadanos conocen la reglamentación e instituciones del sistema y está basada en el respeto de la dignidad de la persona humana y el respeto de los derechos humanos.

Se ha progresado en la promulgación de nuevas leyes pero todavía la jurisdicción constitucional es deficiente para garantizar la supremacía de las normas constitucionales y tiene una normativa confusa.

Los derechos y garantías del ciudadano estipulados por la Constitución son ilusorios en muchos casos. Aunque se ha avanzado en los últimos años y la Suprema Corte de Justicia ha asumido su labor de garante para que las leyes y otros actos del Estado sean dictados conforme al derecho es muy difícil defenderse de aquellos actos arbitrarios y abusivos dictados y ejecutados por los que detentan el poder estatal y político. En otras ocasiones, el Poder Ejecutivo o la Policía Nacional han desacatado las sentencias que les desfavorecen.

En este momento, se está estrenando un nuevo Código Penal, que pretende asegurar más los derechos ciudadanos.

Una de las instituciones del Sector Justicia es la Policía Nacional que reclama una reforma y transformación cultural en sus funciones de Policía Judicial. Con la política de mano dura para atacar el problema de la delincuencia atenta contra el Estado de Derecho y la lleva a cometer violaciones de Derechos Humanos. Han aumentado las muertes en supuestos o reales intercambios de disparos con patrullas de la Policía Nacional y la práctica de la detención de familiares de presuntos o reales delincuentes para obligarlos a entregarse.

Aunque se van dando pasos para resolver los problemas de legislación y de registro de tierras otro motivo de preocupación en cuanto a la seguridad jurídica es la situación de la titulación y registro de las tierras que sufre serias deficiencias en su administración, la precaria situación de los archivos y registros del Tribunal Superior de Tierras y la lentitud en sus procedimientos.

La justicia es eficiente cuando es pronta y cumplida, estableciendo un equilibrio entre las exigencias de rapidez y mínimo costo social por un lado y el respeto de los derechos del acusado por el otro.

Los datos sobre la justicia en el Distrito Nacional reflejan un poder judicial ineficiente e incapaz de resolver pronta y adecuadamente los problemas sometidos a su conocimiento.

Los tribunales están altamente congestionados, el número de casos que salen es proporcionalmente muy inferior a los casos que entran, los procesos son tortuosos y largos y reenviados continuamente sin mayor causa.

La duración promedio de los expedientes criminales en 1998 era de 14.6 meses y los expedientes correccionales duraron 12.1 meses. Una de las causas del 40% de los aplazamientos en 1999 se debía al incumplimiento del alguacil con el requerimiento de citación; el 21% porque no llegaban los reclusos; el 11% por incidentes interpuestos por los abogados; un 6% por expedientes incompletos; 6% por falta de abogado de la defensa; un 3% por falta de requerimiento de citación del Ministerio Público y un 13% debido a otras causas.

De ahí que el número de presos preventivos es excesivo, alcanzando un 60% a 70% de la población penitenciaria.

Existe, además, un congestionamiento de las Cámaras Penales que se ven abrumadas por crímenes, delitos e infracciones relativamente simples que muy bien podrían ser resueltos por un Juzgado de Paz u otro mecanismo alternativo de solución. Los delitos principales tratados en 1999 fueron: 18% a la Ley de Tránsito; 16% amenazas; 16% robo simple; golpes y heridas (14%); estafa (4%); difamación e injuria (4%); rebelión (3%); falsificación de escrituras privadas (3%); viajes ilegales (2%); robo calificado (2%) y otras infracciones (2%).

El 83% de las causas que ingresan en el sistema judicial son de tipo correccional y sólo un 17% de tipo criminal. Por cada 100,000 habitantes se registraron en 1998 sólo 15.4 homicidios, de los cuales las víctimas en un 89% eran hombres y 11% eran mujeres; y el 98% de los victimarios eran hombres y sólo el 2% fueron mujeres.

A nivel de Juzgados de Instrucción el mayor número de casos se recibió por robo (18.5%), drogas (tenencia o narcotráfico en baja escala) (6.02%) y asociación de malhechores.

Esto nos indica que la República Dominicana es un país de baja criminalidad, en donde la mayoría de los presos son pobres y encarcelados por delitos menores. Pero, también, puede denunciar que la Justicia en el país no capta los crímenes que realmente lo ameritan y persigue sólo crímenes de baja monta. Por ejemplo, ante el crimen organizado, especialmente relacionado con el narcotráfico, nuestro sistema judicial no tiene la capacidad para detectarlo, perseguirlo y castigarlo.

Todo esto lleva que el Sistema Penitenciario del país sufre de serios problemas de hacinamiento, y presenta serias deficiencias en el tratamiento de los reclusos. Es el caso de las dos cárceles existentes en nuestra Arquidiócesis.

Otra de las dramáticas consecuencias de la ineficiencia judicial es su impacto económico en los gastos que ocasionan para el Estado y para las familias de los acusados. En promedio, se puede decir que la sociedad gasta en cada proceso criminal la suma de unos US$9,000 en los casos criminales y unos US$2,200 en los casos correccionales. Esta cuenta se distribuye en aproximadamente un 55% para el Estado y un 45% para el usuario.

Según un estudio de Javier Said en 1999, el ingreso familiar de la muestra fue de RD$4,680, con una mediana de RD$5,106. En promedio una familia gasta RD$5,106 en abogados, transporte y alimentación del detenido. De este modo, el 106% del ingreso familiar debe gastarse en administrar la situación del detenido, que se empobrece cada vez más.

Por otro lado, prevalece una carencia de coordinación entre las instituciones en el Sector Judicial que actúan como islas de poder. Esto conlleva a la yuxtaposición de esfuerzos y a la ineficacia del sistema. También, crea conflictos y rivalidades entre las instituciones.

La Procuraduría General y la Suprema Corte de Justicia no toman medidas conjuntas para bajar el número de presos preventivos. La Policía Judicial no coordina con la Procuraduría General.

La accesibilidad al sistema judicial está determinada por las posibilidades reales que tengan los ciudadanos de acudir al mismo y recibir una respuesta rápida así como la percepción ciudadana sobre el sistema.

El difícil acceso a la justicia que existe entre nosotros lleva a la desconfianza y mala imagen que tiene la ciudadanía respecto a ella.

Como ya hemos indicado más arriba el encarecimiento de los procesos, el desconocimiento de las leyes y la imposibilidad de la gran mayoría de costear los servicios profesionales del derecho y sus gastos adicionales disminuyen la posibilidad de acceder a la justicia dominicana. A esto se le añade los nuevos impuestos, tal como el de “impuestos sobre documentos” del 1999, que grava RD$100 para el salario de los médicos.

Los servicios legales para personas de bajos recursos son insuficientes a pesar de los esfuerzos de instituciones como CEDAIL, CENSEL, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, las Universidades y otras organizaciones no gubernamentales.

Otro factor que dificulta este acceso a la justicia es el escaso número de jueces y de tribunales. En nuestro caso, teniendo en cuenta la población arquidiocesana según el último censo del 2002, tenemos que hay un juez por cada 18,000 habitantes.

No existe una Defensa Publica institucionalizada. Los Abogados de Oficio están sobrecargados de trabajo y no cumplen con su función, la cual es de ofrecer defensa gratuita a personas de bajos recursos económicos.

Además, existe poca institucionalización de métodos alternativos para la solución de conflictos tales como negociación, conciliación, mediación y arbitraje que ofrezcan mecanismos menos costosos, mas rápidos, mas efectivos y, menos formalistas y que, al mismo tiempo, puedan aliviar la presión de nuevos asuntos sobre el sistema de justicia formal.

Nuestro pueblo ha adquirido una gran conciencia y participación política después de la caída del régimen de Trujillo de tal modo que se da una excesiva politización popular. Las discusiones políticas, las opiniones, las condenaciones, acusaciones y contraacusaciones son tema cotidiano en las casas, en los autobuses, en los lugares de trabajo y en tertulias de amigos. Esto se agudiza más todavía en tiempos de elecciones.

Se ha logrado crecer en la libertad de expresión de las propias opiniones políticas y, en general, no hay miedo de profesarse y proclamarse partidario de cualquier partido político. El que quiere puede pertenecer al partido que quiere. En este momento no existen presos políticos.

Se ha progresado en la conciencia de los derechos y deberes ciudadanos de todos. La participación de la mujer en las luchas sociales y políticas ha ido en aumento tanto en calidad como en cantidad.

El número de participantes en las elecciones del 2004 muestra el interés por la política y la capacidad de hacerlo válidamente, tal como nos lo muestran estos datos: de los 698,464 inscritos a nivel diocesano, el 72.6% ejerció el derecho al voto. En Santiago alcanzó el 68.5% y en Espaillat el 76.8%. De los 489,909 votos emitidos fueron válidos unos 488,727, es decir, el 99.7%.

Sin embargo, la participación política se reduce al seguimiento de líderes o caudillos más que a proyectos e ideologías políticos. A veces, las motivaciones son de puro entusiasmo por sus discursos, estilos personales y simpatías familiares o por posibilidades de obtener beneficios.

A esto se suma que una vez que se participa en las elecciones no se continúa participando en reuniones de sus respectivos partidos. Muchas veces se trata de carnavales y jolgorios electorales donde corre dinero, música y ron o donde se expresan sentimientos.

La mayoría de los locales de los partidos permanecen cerrados, semiabiertos y con escasa o nula participación de sus miembros. La mayoría de la gente no exige el cumplimiento de las promesas de una manera organizada. Todo se reduce a críticas desde la casa o en conversaciones con amigos, en los autobuses y en reuniones comunitarias.

La política partidista envuelve toda la vida dominicana, ya que es una de las maquinarias económicas más productiva y generadora de ingresos. Las influencias políticas se utilizan para conseguir empleos, para soltar presos, para resolver situaciones económicas, para adquirir beneficios, para ayudas para la salud y problemas personales. Y hasta para burlar las leyes y sus impuestos. Todos quieren, y lo que es peor, necesitan, de una persona de influencia en el partido de gobierno para abrirse paso.

Por ejemplo, la gran mayoría de la población está de acuerdo que “en este país ni no se tiene un enllave uno no resuelve” y que “es importante pertenecer a algún partido porque así te tratan mejor en las oficinas públicas” (Gallup Julio 2002).

Los partidos políticos, a su vez, procuran el favor de la población y buscar influir y copar las diferentes organizaciones comunitarias, asociaciones estudiantiles, profesionales y gremiales, sindicatos y buscan penetrar hasta en los grupos religiosos. Cuando no logran dirigir estos espacios comunitarios crean otros paralelos y ocasionan obstáculos a los planes de aquellas.

Los dirigentes políticos fomentan el clientelismo, el autoritarismo y el caudillismo con donaciones de dinero, alimentos y otros bienes que reafirman la dependencia, el agradecimiento y la concepción de la política como una oportunidad para obtener beneficios.

La encuesta GALLUP, Julio 2003, nos presenta una percepción negativa de los partidos políticos y de sus dirigentes. A nivel nacional el 60.4% dice no creer nada en los ‘partidos políticos; 31.2% cree poco y sólo 8.1% cree mucho en ellos.

Esta opinión se mantiene en los diferentes niveles socioeconómicos, siendo mayor la incredulidad respecto a los políticos en los de mejores ingresos (64%), en los de clase media (60.6%) y un poco menos en los de menores ingresos (60.3%).

Respecto al Congreso Nacional la desconfianza sigue en la misma línea: el 58.4% a nivel nacional no cree nada en el mismo; el 34.7% cree poco y sólo un 9% cree mucho. Los que menos creen se ubican en la clase media (66.7%) y entre las mujeres (59.8%). Los que más creen son los de menores ingresos (9.5%) y los hombres (12.5%).